“La provincia tiene muy buenas condiciones sociales y geográficas para establecer un nuevo paradigma socio productivo más inclusivo, que contenga a todos los colectivos, sobre todo a los más vulnerables, y recupere la cultura del trabajo.
Alcanzar ese objetivo sólo es posible mediante un proyecto que reconozca e incluya a las economías alternativas como una herramienta estructural, basada en el tejido social como centro de cada política pública a desarrollarse.

Resulta imperativo poner en debate el verdadero potencial del Tercer Sector, que mejora la condición básica de miles de familias chubutenses sin el respaldo adecuado y estratégicamente pensado de fondos públicos, sean estos municipales o provinciales.
Es vital entender dos aspectos fundamentales del universo de las Economías Solidarias:

No son una herramienta de coyuntura a la que uno le echa mano para combatir la marginalidad, sino que forman parte de una economía alternativa a la de libre mercado, que ha demostrado sobradamente su potencial.

Por otro lado, si cooperativas, mutuales, emprendedores y tantas otras expresiones de las Economías Alternativas hemos podido generar marcos propicios de Desarrollo Social y Productivo sin un marco legal provincial apuntalado por fondos estatales, imaginemos todo lo que podremos hacer cuando contemos con una Ley que garantice el acceso a presupuestos pensados en función de las relaciones comunitarias”.