La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo quedó sancionada el 29 de diciembre de 2020; esto quiere decir que el aborto seguro, legal y gratuito es Ley. Es un hito para la militancia feminista en general e impacta en la ampliación de los derechos de las mujeres garantizando más Salud Pública.

Entrevistamos a la Lic. Nora Landart, de la Comisión de Equidad de Género de la Confederación Argentina de Mutualidades -CAM- y a Marta Gaitán flamante presidenta del Comité de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina.

Lic. Nora Landart – Comisión de Equidad de Género de CAM

Las mujeres mutualistas argentinas que coincidimos en CAM, estamos presentes en todos los debates actuales que atraviesan nuestro tiempo y nuestras vidas, la luchas por nuestros derechos y el desarrollo de nuestras autonomías.

Debo reconocer que, al interior de nuestra Comisión de Género, existieron distintas posiciones en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y tomamos la firme decisión de respetarnos mutuamente con la claridad ideológica que cada posición estaba a favor de la vida, desde la particularidad de su argumentación.

La modalidad de la práctica y construcción de nuestro trabajo colectivo nos ha permitido poder avanzar con las temáticas comunes que nos ocupan, reflexionar colectivamente cuando las circunstancias lo permitieron y desde lo individual y territorial, militar cada causa.

Con compañeras de distintas provincias, formamos parte o participamos activamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y hemos promovido la consigna “Educación Sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, desde hace más de una década. Algunas, compartimos otras luchas, por el divorcio vincular, por la patria potestad compartida, por la protección integral a la niñez y adolescencia, la Educación Sexual Integral, la Protección Integral a las Mujeres, por señalar algunas.

Desde lo personal y con los colectivos que integro, sostenemos que, con el tratamiento de esta Ley estábamos abordando un problema de salud pública; un problema de Derechos humanos y un problema de justicia social.

Nuestro trabajo social territorial vinculado a las problemáticas que nos atraviesan a las mujeres y a los cuerpos gestantes, nos permitían corroborar que esta problemática afectaba en particular a las mujeres que desarrollan su vida en las condiciones más difíciles.

Personalmente soy Trabajadora Social de profesión, he podido acompañar a mujeres es situaciones de riesgo de vida por los métodos utilizados para intentar abortar (uso de perejil, percha, zondas…) y las graves consecuencias posteriores en su salud, cuando sobrevivían. Y en la salud privada, relevando calidad de atención sanatorial, me he encontrado a repetición los días lunes, con internaciones de fin de semana, con historias clínicas cuyo diagnóstico recurrente era aborto espontáneo.

Interpretar la complejidad que para la mujer implica asumir una decisión de este tipo en un determinado momento de su trayectoria vital, es un imperativo ético; y que una vez que esta decisión estaba tomada por convicción o por circunstancias determinantes, la realidad lleva a hacerlo en condiciones sanitarias adecuadas o clandestinamente.

Desde lo personal celebró la sanción de esta Ley que nos otorga mayor autonomía, lo decimos siempre: es la posibilidad de decidir sobre el primer territorio que habitamos que es nuestro cuerpo y el Plan de los 1.000 Días, porque defendemos la vida de quienes no deciden gestar y de quienes deciden maternar.

Esta convicción, nos convoca a seguir trabajando fuertemente para que los alcances de ambas leyes sancionadas sean de efectiva aplicación.

Marta Gaitán – presidenta de Comité de Género de COOPERAR

La interrupción voluntaria del embarazo que está aprobada por la Ley del 29 de diciembre de 2020 en nuestro país es invalorable y nos deja múltiples reflexiones desde distintos puntos de vista: los Derechos Humanos de mujeres y personas gestantes; la Salud Pública; el tema económico con un Estado que está gestionando esta crisis a raíz de la pandemia y se discute mucho sobre la urgencia, la necesidad y también el sentido de oportunidad de haber conseguido esta Ley.

Recordamos que fue un compromiso saldar esta deuda histórica del Sistema de Salud,ya que se cumple una obligación al garantizar y ampliar derechos por parte del Estado.

También es un logro para el movimiento feminista el haber podido instalar la discusión en tantos años en que fue desterrando la desinformación y mitos e instaló el derecho a la información y prevención para el cuidado de la salud reproductiva y las interrupciones de embarazo que en la práctica existen desde los más remotos orígenes, pero con consecuencias irreparables.

Proteger estos derechos reproductivos y también los no reproductivos de quiénes somos las verdaderas generadoras de vida y de este problema social que es cuidar la vida de las mujeres; de las personas gestantes; de niñas y adolescentes con un sistema integral de cuidados es lo que se pretende en el espíritu de esta Ley.

Creemos que todo lo que existe en una sociedad debe contemplarse y legalizarse; no ocultarse o dejar librado a un destino determinista, sino que tenga el enfoque que maduramos como sociedad y con los nuevos paradigmas.

La discusión no se trataba de aborto sí; aborto no; sabemos por estadísticas que los abortos se producen y que las mujeres que mueren son las que no las que no cuentan con recursos y deben hacerlo de manera clandestina.

Con esta legislación estamos como los países más avanzados del mundo donde la tasa de mortalidad por esta causa es cero, se salvan vidas y se previenen violencias institucionales, de ningún modo es verdad que por esta Ley van a aumentar los casos de los abortos.

Tampoco tendrán lugar las penalizaciones, al contemplarse el deseo de quienes quieren continuar con embarazos porque el Estado con esta Ley da 1000 días en los que hace un acompañamiento para evitar daños en la salud.

La participación y el rol de las mujeres cooperativistas fue diverso ya que no tuvo uniformidad por la complejidad del tema y hay diversas posturas personales.

Varias cooperativas textiles comenzaron a confeccionar los pañuelos verdes y tomaron posición; pero desde lo institucional no hubo un pronunciamiento respetando aquellas minorías que no estaban de acuerdo.

La adecuación con el Código Penal de la Nación, la despenalización y la aprobación del esta Ley redundará sin dudas en una mejor calidad de vida y en los índices de muertes de mujeres.

Por causas del patriarcado nos quedan obtener algunas libertades y los feminicidios como sociedad nos dan vergüenza; pero estamos trabajando para erradicar todas las violencias en nuestro país.

Colofón

Hoy presentamos a estas dos mujeres extraordinarias que defienden la vida en cualquier lugar de la argumentación en que se encuentren; que tienen ideas firmes y luchan por ellas; que quieren erradicar la violencia, porque da vergüenza vivir en una sociedad desigual donde la vida de una mujer no vale nada.

Tienen altos ideales, amplían derechos, piden respeto y autonomía y, sobre todo, tienen las llaves para abrir los portales de un mundo nuevo, equitativo y justo.