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ALENTADOR FALLO A FAVOR DE COOPERATIVA “LA HOJA”
Los trabajadores pudieron hacer frente a la incertidumbre y la Cooperativa se muestra como una empresa estable que disputa nuevos mercados.
La Cooperativa está organizada en tres plantas operativas: en San Ignacio, Misiones, donde funciona su planta principal, realizan el proceso integral de Yerba Mate, desde la cosecha en campo de hoja verde hasta el paquete en góndola, luego instalaron un secadero en Puerto Mineral -Misiones- y en Rosario realizan el envasado de mate cocido.
Se tiene una capacidad de producción de 800.000 kilos por mes de yerba, con una máquina que envasa 80 paquetes de medio kilo por minuto y 25 mil kilos de mate cocido y té mensuales. La demanda supera a la oferta en la actualidad.
El devenir de los hechos.
En 1998 la Yerbatera Martín entró en concurso de acreedores y en 2008 se decretó la quiebra. El caso recayó en el Juzgado Civil y Comercial de la 12a Nominación que estaba vacante, por lo que en los primeros ocho meses los trabajadores se quedaron cuidando los bienes de la empresa. Hubo varias firmas que intervinieron en la explotación y no pagaron canon; incluso una de ellas fue denunciada por trabajo esclavo.
Luego el caminito de los trabajadores tuvo varias instancias, sobre todo cuando llega al Juzgado el magistrado Fabián Belizia, quien fue ordenando el proceso y los trabajadores se cooperativizaron y se hicieron cargo de la explotación.
Pero el Banco Nación los tenía acorralados, en un proceso especial, resolvió liquidar el campo de la firma en Misiones que estaba hipotecado; eso implicaba el fin de la cooperativa, según su representante legal, Héctor Superti.
Los cooperativistas se jugaron enteros
Plantearon la posibilidad de pagar esa deuda y subrogarse esos derechos, lo que fue acompañado por el juez de la quiebra. Se hicieron tratativas con el Banco, convenios de pago; finalmente los trabajadores lograron pagar la deuda y, cuando estaban por formalizar la cesión de derechos litigiosos sobre ese crédito, llegó la denuncia.
Los cooperativistas pagaron la deuda y la subrogación de ese crédito; buscaron ingresar en un proceso de compra directa que tiene un procedimiento y es regulado por la Ley, supervisado por el Juez y que fuera bloqueado por la Justicia penal. O sea, que el sistema de venta directa está previsto en la Ley de Quiebras.
Una acción en contra potente quedó desarticulada
El objetivo de fondo de la familia Martín -los propietarios quebrados de la empresa yerbatera- con una acción tan potente como la penal para desacreditar a los cooperativistas, quedó ante los jueces, como tratando de impedir que se traslade a los trabajadores la propiedad de la empresa, que tiene importantes extensiones rurales: el campo yerbatero de San Ignacio, Misiones -2.600 hectáreas, aunque son 900 has las cultivadas con yerba mate-, y otro en el sur de Santiago del Estero, 1.900 hectáreas que no tienen yerba pero sí serían buscadas por el mercado inmobiliario para su posterior desmonte y explotación sojera.
Uno de los directivos de la fallida Yerbatera Martin denunció a los trabajadores cooperativizados en diciembre pasado. Aseguró que los socios que explotan la empresa desde el 2015 -en el marco de la quiebra y supervisados por un juez civil, trámite en el que además pagan a rajatabla un canon locativo- descuidaron y desvalorizaron adrede el campo de la empresa en Misiones con el propósito de bajar su valor para luego adquirirlo a través de una compra directa a un precio irreal.
En el caso no hay imputados pero la Fiscalía, a cargo de Mariano Ríos Artacho, pidió una medida de no innovar para que no se hiciera la escritura de cesión, bajo el argumento de que habían dañado en forma intencional el campo para disminuir su valor y lograr la compra del inmueble a un precio menor.
En diciembre pasado, a días de firmarse la escritura de cesión de derechos litigiosos sobre los créditos, pagados al Banco Nación bajo la supervisión del Juez Civil, la magistrada penal Silvia Castelli dispuso una medida de no innovar por 180 días.
Fue un mal momento para los cooperativistas, pero en febrero pasado, el juez Nicolás Foppiani la revocó y el alma les volvió al cuerpo.
Al final la historia terminó bien
El abogado de la cooperativa dijo claramente que el problema fue que “después de 6 o 7 años la empresa funciona maravillosamente bien”.
Tras la exposición de las partes, el camarista se tomó diez minutos para resolver y durante casi media hora brindó una fundamentación concreta, punto por punto y poniendo de relieve el esfuerzo de los trabajadores.
Se mostró preocupación de que gente que ha estado trabajando durante tantos años vea cómo su capital de trabajo, su posibilidad de llevar todos los días el pan a sus casas se vea disminuida. Agregó que, “con las inclemencias económicas que se viven en nuestro país, no se puede permitir que una empresa se venga a pique”.
Según el Juez Foppiani, “no se ha demostrado que haya una conducta maliciosa, de parte de quienes forman parte de esta cooperativa para lograr una disminución de un valor para luego, en un trámite concursal, perjudicar a quien es el propietario, más allá de que no tenga la administración”.
Colofón
Los procesos legales son complejos, ya que la Fiscalía apeló la decisión y el camarista Gustavo Salvador confirmó el fallo de primera instancia, lo que validó la versión de los trabajadores acerca de que se trató a una maniobra que intentó despojarlos de sus legítimos derechos.
Dijo Salvador que “ los trabajadores se hicieron cargo, resguardaron la fuente de trabajo, lograron la suscripción con el acreedor de un convenio y lograron pagar en las diferentes etapas hasta lograr la cobertura de la deuda originaria”.
Agregó también que la negociación no fue realizada entre cuatro paredes ni a espaldas de los otros acreedores y fue supervisada por el Juez de la quiebra. Se dictó en diciembre por 180 días y pasaron 120, y no ve un avance en el caso”. Por esa razón confirmó la revocación de la medida cautelar. Con esto, volvió a estar todo bien para la cooperativa. Al menos por ahora,
Fuente: elciudadanoweb.com y elaboración propia
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